Medición del impacto social

La evaluación de las inversiones públicas constituye una exigencia de cualquier sociedad democrática. La evaluación resulta imprescindible para cualquier planteamiento estratégico, ofrece una visión global e integral y contribuye al mejor cumplimiento de los objetivos trazados. En efecto, la medición del impacto social de las políticas públicas no resulta un fenómeno nuevo, sino que constituye una corriente que comienza a finales de los años 60 en Estados Unidos.

Paralelamente, surge la idea de la necesidad de dotar a la inversión pública de un mayor control financiero. Todas las políticas públicas buscan un impacto en la sociedad; sin embargo, poco a poco, se ha ido viendo que, en algunos casos, tal objetivo no se cumple, se cumple muy por debajo de lo esperado, o bien surgen resultados inesperados fruto de esa política o programa, lo que implica una política menos eficiente, a la par que un aumento de los costes públicos. Por tal razón, se erige en un requisito fundamental que se han de autoimponer las diferentes administraciones públicas, y que puede utilizarse para tomar decisiones más informadas a la hora de determinar qué financiar y qué rendición de cuentas ofrecer a la sociedad.

En este sentido, incorporar la evaluación del impacto social en el diseño de los proyectos y las políticas supone identificar a priori posibles impactos sociales y proponer medidas de mitigación de impactos negativos. También permite medir el retorno que genera la inversión pública en determinadas áreas.

En este contexto, surgió en 2021 el Proyecto consistente en diseñar y desarrollar una herramienta de medición del impacto de las políticas públicas municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza a través de proyectos de desarrollo local en ámbitos como la economía social, el comercio y la promoción empresarial.

Ante la imposibilidad de abarcar todas las acciones de gobierno del Consistorio zaragozano y tratando de elaborar un análisis pionero extensible a otros departamentos, se tomaron como objeto de análisis algunas de las subvenciones otorgadas en 2020 por dos departamentos concretos de la Consejería del Área de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza: por un lado, las que versaban sobre inserción socio-laboral convocadas por el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEFEZ); y, por otro, las relativas al ámbito de la innovación comercial, ya en el sector comercial en general, o bien en el de la hostelería y restauración, en particular.

Una vez creada la herramienta mencionada en el proyecto de 2021, era lógico que el Proyecto de 2022 estuviera encaminado a diseñar una aplicación informática con un objetivo último: expresar en términos monetarios y financieros una aproximación al valor social de las subvenciones municipales, fruto del desarrollo y ejecución de políticas públicas en entidades previamente seleccionadas, dos correspondientes al área de inclusión social; y otras dos, al área del emprendimiento e incubación de empresas. Esto es, poner en práctica con casos concretos la medición del impacto social de determinadas políticas públicas.

Todo ello mediante una aplicación informática que comprueba y experimenta la eficacia de la herramienta creada, en fase de testeo y susceptible de perfeccionamiento a través de sucesivas experiencias de medición del impacto social de políticas públicas.

Ante la imposibilidad de abarcar la totalidad de las distintas acciones de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, se procede a evaluar en el Proyecto de 2023 el impacto social de una política pública concreta ejecutada por el Consistorio zaragozano a través del IMEFEZ (Zaragoza Dinámica), con la finalidad última de medir el impacto o retorno social de una política pública desarrollada por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2022 relacionada con la eficiencia energética y la disminución de CO2: más concretamente, las subvenciones destinadas a inversiones otorgadas para mejorar la eficiencia energética en oficinas y locales de autónomos y pequeñas empresas de Zaragoza en el ejercicio 2022, en régimen de concurrencia competitiva, por un total de 512.500 €, con 46 beneficiarios.